En estos últimos tiempos se ha asentado con firmeza la creencia de la supremacía técnica y moral de la gestión privada. De nada ha servido la evidencia reciente sobre la codicia desmedida de los especuladores inmobiliarios unidos a la gran banca. Tampoco cuenta la desastrosa experiencia de los gobiernos conservadores del Reino Unido que, desmantelando sus servicios públicos al externalizarlos hacia terceras manos, no consiguieron mejorar la eficiencia sino, al contrario, empobrecerlos y perjudicar los intereses de los usuarios, al deteriorarse claramente los servicios prestados.
La falacia de la supremacía de la gestión privada se sustenta en varios a priori, todos ellos falsos y profundamente malintencionados. Uno de ellos es la supuesta falta de afición al trabajo productivo de los funcionarios o personal fijo al servicio de las administraciones. Otro es el de la incapacidad personal de los gestores de la cosa pública, simples funcionarios recrecidos sin ninguna formación. Y por último está la supuesta atadura legal que implica la norma pública, a la cabeza de todas ellas, la Ley de Contratos del Estado. Ver artículo completo »
