Agotados los recursos en superficie, estos humanos insaciables parece que se han propuesto explotar las riquezas que se ocultan bajo el manto del océano. Nos hemos dado cuenta de que la mar es mucho más que pesca y petróleo, que existe todo un caudal de minerales, nutrientes, biotecnología, energías renovables… aun sin explotar.

El mar convertido, ni más ni menos, que en el motor que tire del carro de la depauperada economía europea. Así lo pone de manifiesto el Libro verde sobre el conocimiento del medio marino, donde se puede leer: “Nuestros océanos pueden dar el estímulo que necesitamos para que la economía avance (…) Pueden proveer la energía limpia que necesitamos para evitar una catástrofe climática. Pueden surtirnos de proteínas saludables. Pueden aportar fármacos y enzimas de organismos que habitan los mayores extremos de temperatura, luz y presión soportados por la vida. Y la creciente demanda mundial de materias primas hace cada vez más atractiva la minería submarina”. Ahora bien, el informe matiza que “para explotar ese potencial, necesitamos facilitar a las compañías la inversión. Tenemos que reducir los costes, los riesgos y estimular la inversión”.

Todo un Shangri La que nos esta esperando a la vuelta de la esquina para saciar nuestros vacíos estómagos.

Abordar una cartografía de alta resolución que contemple información sobre la topografía, los recursos minerales y el hábitat y biodiversidad que albergan los fondos marinos parece un loable proceso, pero que se quedará cojo sin duda si no se abordan en paralelo la homologación y unificación de las normativas de los países de la Unión, donde existe un gran vacío en todo lo referente a fondos y subsuelos marinos. Sobre todo si tenemos en cuenta que la actividad minera es uno de los elementos que más pueden atraer a las diferentes empresas.

En los fondos marinos, a 4.000 metros de profundidad, se pueden localizar importantes menas de metales que se utilizan en la industria tecnológica y en las cordilleras submarinas proliferan los sulfuros masivos. Es decir, se supone que guardan importantes depósitos de oro y cobre.

No existe una normativa ambiental común (de Los 27) para su explotación y, a juicio de las organizaciones conservacionistas, habría que desarrollar un cuerpo legal que sea más estricto que en la superficie, ya que los vertidos o los problemas medioambientales adquieren una mayor dimensión cuando se producen en el mar.

Sobre este importante pero, las autoridades comunitarias no se han pronunciado. Tan solo en su informe subrayan el significativo ahorro que supondrá para empresas y gobiernos contar con un mapa como el que proponen. Según sus cálculos, los Estados miembros destinan cada año una cantidad que supera los 1.800 millones de euros a estudios marinos fragmentados (y en ocasiones repetidos) para desarrollar diferentes actividades económicas. Este mapeo común podría ahorrar hasta 300 millones de euros.

Esperemos que en esta fiebre por explotar los recursos marinos opere la conciencia de lo mal que se ha trabajado en superficie y que este nicho de mercado suponga de verdad un desarrollo sostenible.

 Enrique Leite

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